Por increíble que parezca, después de lo vivido durante todo el mandato de Trump, la toma de posesión oficial de Joe Biden no ha sido la mejor noticia que ha recibido el poker online en Estados Unidos el 20 de enero.
Escasa horas antes de que todos los noticiarios del planeta conectaran con el Capitolio, el abogado Jeff Ifrah anunciaba en Twitter que la apelación del Departamento de Justicia contra la sentencia que invalidaba su revisión de la Wire Act de 2018 había sido rechazada por la instancia inmediatamente inferior al Supremo.
Para entender el alcance de esta noticia hay que hacer un poco de historia. Su génesis se ha repetido ya tantas veces en las noticias sobre poker online en EE.UU. que tenemos confianza en poder explicarlo bastante rápido.
En los años 60, las operaciones de la mafia en el negocio de las apuestas deportivas se habían extendido a nivel interestatal. Sus «bookies» atendían por teléfono yotros medios telemáticos a clientes de varias jurisdicciones. La ley Wire Act nació para impedir estas operaciones.
En la década de los 2000, cuando el poker online se convirtió en un negocio muy provechoso para salas como PartyPoker, Pacific Poker o Pokerstars, que no cotizaban en el país, las autoridades idearon otra ley para desmontarles el tinglado, la ley UIGEA de 2006.
Muchas cedieron, pero empresas como Pokerstars o Full Tilt Poker hicieron oídos sordos y aprovecharon la coyuntura para hacerse con el tráfico a nivel mundial. En 2011, el Departamento de Justicia utilizó un respaldo legal para limpiar los restos de poker online en el país. Rebuscaron en los archivos legislativos, y le dieron una nueva dimensión a la Wire Act, reinterpretándola de manera que el ámbito de las apuestas deportivas a través de medios telemáticos se amplió a todo el juego online. La jugada derivó en el Black Friday.
Durante el mandato de Obama, el Departamento de Justicia retocó la interpretación de la Wire Act de manera que abrió la puerta al poker online a nivel estatal, primero, y a los mercados interestatales después.
La administración Trump, sin duda bajo exigencias de Sheldon Adelson y su Coalition to Stop Internet Gambling (CSIG), intentó volver atrás con la una nueva reinterpretación, la enésima, de la Wire Act. La publicación del memorándum en 2018 que desde cía al equipo de Obama daba 90 días de plazo para adecuarse a la medida, lo que significaría el fin del poker online interestatal.
Ya no era cuestión de una pugna entre el gobierno federal y las empresas privadas, sino entre la administración federal y las estatales. Los letrados del estado de New Hampshire, para defender los ingresos que obtenían de sus loterías, llevaron el asunto a los tribunales. Mientras se sucedían las maniobras judiciales, el DOJ suspendió la aplicación de su nueva visión -la antigua, en realidad- sobre la Wire Act.
New Hampshire ganó la primera batalla legal, pero la espada de Damocles seguía pendiendo sobre el juego online en Estados Unidos porque el gobierno republicano ordenó apelar la sentencia.
Ya nos hemos puesto al día. La esperanza de los defensores del juego online en Estados Unidos era que la administración Biden retirara la apelación a la sentencia ganada por el estado de New Hampshire, pero eso ya no es necesario porque la corte del 1er Circuito de Apelación ha apresurado la sentencia y ha fallado de nuevo en contra del DOJ.
Ahora no se necesita una acción efectiva del gobierno Biden para detener el proceso, basta simplemente con que el DOJ acate la sentencia y no apele al Supremo. Mucho más sencillo y limpio.
Habia algunos legisladores estatales pendientes de esta resolución, y es de esperar que se aceleren las diligencias para que cada vez más estados legalicen el juego online en sus jurisdicciones, tanto a nivel local como interestatal.
