De nuevo, las maniobras políticas para eliminar a la competición mediante el texto de ley de la regulación han sido las causantes de que el proyecto AB2863 que iba a presentar Adam Gray no haya llegado ni a formar parte del diario de sesiones de la Asamblea de California.
La semana pasada comentamos profusamente como la reintroducción de la cláusula de mal actor a petición de la coalición de tribus opuesta a Amaya y sus aliados ponía en peligro la aprobación del proyecto de ley, pero la sorpresa ha sido que la oposición al texto definitivo ha venido de ambas partes, lo que ha desanimado a Gray hasta el punto que ni se ha llegado a votar.
Como te contamos, Amaya, las tribus Morongo y San Manuel y los casinos Bycicle, Commerce y Hawaiian Gardens, que forman uno de los mayores grupos de presión, ya emitieron la semana pasada una carta en la que aireaban su intención de pedir el no al proyecto de ley.
Esta postura suscitó varias críticas, pues durante estos pasados años, la oposición a la salida de PokerStars al mercado en igualdad de condiciones fue tachada de obstruccionista, incluso con la con la complicidad de los lobbyistas de la Poker Players Alliance, que para desmayo de muchos también ha tomado parte en esta guerra comercial.
This is worth repeating. Some tribes don’t want you to play iPoker & no amount of compromise will change that.-jp https://t.co/4G4gdLNQwc
— PokerPlayersAlliance (@ppapoker) 15 de junio de 2016
Ahora que una ley que reducía casi al mínimo el plazo a esperar antes de conseguir licencia y obviaba cualquier multa económica, era Amaya la que tomaba el papel de opositor, haciendo que mucha gente opinara que la atribución de la etiqueta de obstruccionista debía cambiar de bando.
ICYMI, @PokerStars is now trying to block California online poker legislation if it’s not on their terms. https://t.co/7B8AaxYYX9
— Isaac Haxton (@ikepoker) 18 de agosto de 2016
La defensa que ha hecho Amaya de su postura se basa en que la forma en la que están redactadas estas condiciones puede esconder una encerrona, pues no garantiza que pasados los cinco años se le permita solicitar una licencia en las mismas condiciones que al resto de operadores, con unos parámetros claros sobre financiación, software y seguridad que aseguren la licencia una vez cumplidos, sino que deja en manos del regulador una decisión de carácter político sobre si aceptar o no la petición.
Además, PokerStars incluyó en su comunicado un recordatorio indicando que es inconstitucional incluir castigos a presuntos crímenes por vía legislativa sin la aplicación de las debidas diligencias, una velada amenaza de litigar en los tribunales la entrada en vigor de la ley incluso si lograba ser aprobada en las cámaras, pues Amaya y sus aliados aún son minoría.
La desconfianza entre las partes es salvaje, pero lo más curioso es que el último clavo en el ataúd del proyecto AB2863 han ayudado a ponerlo precisamente dos tribus pertenecientes a la coalición que impuso la recuperación de la cláusula del mal actor.
Los representantes de las tribus Viejas y Lytton protestaron por el hecho de que el plazo de cuarentena aplicado a Amaya fuera a empezar una vez la ley entrara en vigor y no una vez abierto el mercado. Para estas tribus era inaceptable que el periodo efectivo de exclusión se acortara debido al retraso que supone el proceso de concesión de la licencia. Amaya podría solicitar licencia en 2022, tardara lo que tardaran el resto de operadores en salir al mercado, lo que podría reducir el castigo efectivo en uno o más años.
Además, la sugerencia de inconstitucionalidad expresada por Amaya sonaban como una amenaza de intentar empantanar el proceso de concesión de licencias con maniobras legales durante el tiempo necesario para que PokerStars acabara acudiendo al mercado a la vez que el resto de los operadores. Por último, tampoco estaban de acuerdo en «abandonar sus principios» y renunciar a imponer una sanción económica.
Sin el consenso de las 10 tribus opuestas a Amaya, que junto a los sindicatos y a los hipódromos quizá pudieran hacer la presión suficiente para obtener los 54 votos necesarios para aprobar la ley, presentar el proyecto era un esfuerzo fútil sin ningún viso de éxito.
California se queda un año más sin legalizar el poker online. El estado quiere hacerlo, para recaudar impuestos y proteger al consumidor; y los jugadores quieren legalizar su situación, pero los intereses comerciales siguen interponiéndose en el proceso.
Another year w/o regulated Online Poker in California. Players wants to play, State wants to regulated, but parties are fighting. lose/lose
— Alexandre Dreyfus (@alex_dreyfus) 22 de agosto de 2016
