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Pokerstars no recula ante la demanda de Gordon Vayo

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El caso de Gordon Vayo, al que Pokerstars le congeló la práctica totalidad de un premio cercano a 700.000$ ganado en el SCOOP 2017, está generando una tormenta de truenos que ya se dejan oir sobre las oficinas de la Isla de Man.

El November Nine ha presentado una demanda que le permita recuperar su dinero, y su equipo legal se ha encargado de tirar con bala contra la sala en las alegaciones presentadas ante los juzgados. Hay alusiones directas a que Pokerstars permite a los jugadores de Estados Unidos participar en los juegos que ofrece la sala mientras salgan claramente beneficiados, para luego actuar como lo hizo contra él contra los jugadores ganadores con un plan prediseñado para generar ingresos extra confiscando sus fondos.

El departamento de relaciones públicas del Stars Group tiene una crisis entre manos. Una importante, y no hay mejor muestra de ello que la nota de prensa que la empresa canadiense se ha visto obligada a enviar a una serie de medios.

En sí­, la nota no es más que un «no comment» con algo de floreo verbal para demostrar que se creen legitimados en su actuación, aunque hay un par de detalles dignos de análisis.

No podemos hacer comentarios sobre litigaciones pendientes y nuestra investigación sobre este asunto en particular sigue en marcha. Sin embargo, como operadores de la sala de poker más regulada del mundo, creemos que tenemos el deber de proteger la integridad del juego y asegurarnos de que ofrecemos una plataforma justa y segura por medio de la aplicación de nuestros términos de servicio. Hemos abonado más de medio billón de dólares en concepto de premios en torneos solo en este año y contnuaremos implementando procesos de seguridad para proteger a nuestros jugadores.

El primer punto que podemos hacer notar es que Pokerstars deja una puerta abierta a la marcha atrás, al asegurar que la investigación sobre el caso de Vayo sigue abierta. La referencia a los millones de dólares abonados en premios es una clara defensa ante las insinuaciones expresadas en la demanda, en el sentido de que la sala utiliza la confiscación de fondos como fuente de ingresos extra.

También se puede inferir, ya en el terreno de la más absoluta especulación, que Pokerstars no tiene prueba alguna de las supuestas irregularidades cometidas por Vayo, pues utiliza casi toda la nota de prensa en intentar hacer ver que las actuaciones contra el jugador estadounidense tienen como objetivo proteger al resto de clientes, cuando todo el argumentario del caso gira sobre la localización del jugador en el momento de participar en el torneo. Este, en realidad, es un problema regulatorio. La sala, en todo caso, se intenta defender a sí­ misma de romper con las obligaciones de su licencia al permitir jugar a alguien desde una jurisdicción prohibida.

El jugador lleva más de diez meses intentando demostrar que ganó el torneo desde Canadá. Ha aportado pruebas fehacientes, a ojos de su equipo legal, de que los dos primeros dí­as del torneo estaba en donde decí­a, lo que hace virtualmente imposible, por no decir también inexplicable -ambos términos expresados así­ en la demanda-, que el jugador se hubiera desplazado luego para jugar la mesa final en otro lado.

La contraargumentación de la sala, mostrando 54 posibles conexiones desde Estados Unidos en el plazo de dos meses, contiene claros fallos como son que ninguna de ellas coincide con el periodo en que se disputó el torneo en cuestión y que muchas coinciden con otros logins efectuados desde Canadá, lo que refuerza la excusa de Vayo acerca de un mal funcionamiento de una VPN que Vayo usa para navegar por Internet desde su ordenador (conviene recordar que el uso de una VPN para acceder a contenidos solo disponibles para el territorio estadounidense o como medida de seguridad durante el uso de Internet no le incumbe a Pokerstars, que solo puede exigir que no se use para el acceso a sus servidores especí­ficos).

A la hora de generar semejante quebranto económico a uno de sus usuarios, parece bastante evidente que Pokerstars deberí­a aportar el peso de la prueba, en vez de intentar hacer recaer esa obligación en el afectado, como parece que quiere hacer en este caso.

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